INFORME ESPECIAL :LO QUE SE VIENE DESPUES DE LA LEY DE MEDIOS

Una serie de operaciones compulsivas de venta, que deberán concretarse en el plazo perentorio de un año, configurarán en el país un nuevo mapa de medios, según se desprende del texto de la nueva ley que impide que una empresa propietaria de un canal de TV abierta tenga también una distribuidora de cable y, además, que éstas tengan más de una señal de generación propia o se extiendan a más del 35% del mercado.
Uno de los perjudicados con esas cláusulas será el Grupo Clarín, que debería elegir si se queda con El Trece o Cablevisión/Multicanal. En caso de priorizar la distribuidora de cable, sólo podría retener una señal propia entre TN, Volver, TyC o Magazine. Y además se verá obligado a renunciar a un gran número de abonados, porque no podrá llegar a más del 35% del mercado.
Lo mismo enfrentará el Grupo Uno (Vila-Manzano), dueño de la distribuidora de cable Supercanal y socio del GDN (Grupo De Narváez) en América TV y América 24. Deberán elegir entre retener la señal abierta o la distribuidora de cable.
Pero la ley también establece que ninguna compañía puede operar más de 10 licencias achicando el límite actual de 24. Eso también afecta al Grupo Uno, dueño de una veintena de radios y canales en todo el país, igual que a Clarín, que tiene 4 canales y 9 radios, es decir, 13 licencias en total.
En esa línea, el grupo cordobés Cadena 3 se verá obligado a achicar sus más de 20 señales de radio en todo el país, que en muchos casos son repetidoras locales de una misma señal principal. Eso será otro problema, porque la ley establece que sólo el 30% de la programación podrá ser en red. El resto deberían ser contenidos propios de cada AM o FM.

Telefónica también
Un capítulo aparte merecen los grupos extranjeros de medios, porque la ley los obligará a desprenderse del 70% de su paquete accionario. En esa situación están los grupos españoles Telefónica (dueños de Telefé y 8 canales de aire en el interior, incluyendo Canal 8 de Tucumán) y Prisa (Radio Continental y otras), y los mexicanos del CIE-Rock & Pop (dueños de la radio homónima y FM Metro) y de Canal 9, propiedad de Angel González, también de México.

Los nuevos jugadores
Promulgada por el Ejecutivo en tiempo récord, la ley de medios aprobada ayer por la madrugada en el Senado ya disparó una pelea feroz por quién se quedará con los negocios que deberán soltar los principales grupos mediáticos del país. En ese sentido, las entidades sin fines de lucro a las que la ley reserva un tercio de las emisoras aún esperan saber cómo se financiarán.
Para eso falta ver la reglamentación, que el Ejecutivo apura pero todavía guarda bajo siete llaves, apunta una nota de Crítica.
Los empresarios periodísticos creen que las beneficiarias más inmediatas de la ley serán las cooperativas de servicios públicos del interior, que proveen de electricidad y teléfono a casi seis millones de hogares. Muchas de ellas invirtieron millones en tender redes de fibra óptica que hasta ahora no podían usar para vender señales de cable, porque se los prohibía la ley anterior.
Técnicamente, esas redes les permiten ofrecer el Triple Play (cable, teléfono e internet) que hoy ya proveen firmas como Telecentro, de Alberto Pierri. Y que son la crema del negocio audiovisual.
Con la nueva norma, las cooperativas tendrán la ventaja de la red ya instalada y aspiran a robarle una tajada gruesa a los gigantes Cablevisión y Multicanal, ambos de Clarín y con casi la mitad de los abonados a la TV paga. Es lo que querían hacer las dos grandes de la telefonía –Telecom y Telefónica–, a las que les fue vedada esa posibilidad por la presión del centroizquierda, que exigió cambios al proyecto original a cambio de su apoyo parlamentario.

La reacción
Esta misma semana la Asociación de TV por Cable (ATVC) lanzará los primeros dardos contra la ley en el Hotel Hilton porteño, donde realizará un congreso. Aunque muchos cableros chicos y medianos sucumbieron ante el poderío de Cablevisión y Multicanal, unos 500 de ellos todavía prestan servicio a casi dos millones de abonados. Ahora los une a Clarín el espanto frente a las cooperativas.
Otros grupos empresarios de medios, como el de Daniel Vila (América) y el español Prisa (Continental), preparan sus propias estrategias judiciales. Sus abogados barajan presentar recursos de amparos y medidas de fondo, en simultáneo a la continuidad de su campaña pública contra la reforma.
La española Telefónica, que controla Telefé y otros ocho canales en el interior, enfrentará otro problema. La nueva ley exige “correr el velo societario” de todos los medios. Es decir, que cada dueño se muestre detrás de la maraña de sellos y empresas que suelen presentarse como sus poseedores. Así quedará al descubierto su origen extranjero, también prohibido.
(Cafe Prensa)

SINTESIS

Los grandes grupos deberían desprenderse de radios, canales de TV abierta y redes y señales de cable. Las telefónicas, en primera fila para entrar al negocio. También tendrían cabida las ONG. El Gobierno dice que democratizará la comunicación. Las empresas acusan a los Kirchner de moldear su propio esquema de medios.

El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, a instancias del Poder Ejecutivo, debate en estos días la Cámara de Diputados de la Nación, pretende reemplazar la ley N° 22.285, dictada en 1980, durante la última dictadura militar.
En los 26 años de democracia ininterrumpida que lleva el país, naufragaron ya casi un centenar de iniciativas similares tendientes a actualizar en forma integral esa norma, aunque se le introdujeron más de 140 cambios para ir adecuándola a los tiempos.
Pocos cuestionan que el debate sobre el sistema de medios asoma como insoslayable, aunque está claro que el contenido –y también la oportunidad– de la discusión en marcha agita intereses económicos y políticos encontrados.
El Gobierno nacional dice que viene a saldar una deuda de la democracia y a facilitar la aparición de "nuevas voces" en el proceso de la comunicación.
En cambio, las empresas periodísticas y buena parte de la oposición política ven en el proyecto oficial una avanzada contra la libertad de prensa y una embestida del kirchnerismo contra el Grupo Clarín, pero con consecuencias sobre la gran mayoría de los medios privados.
La profundidad de este enfrentamiento se advirtió el jueves último, cuando más de 250 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desembarcaron en forma aparatosa en la sede de la corporación de medios, en un confuso operativo que luego fue desautorizado por el propio director general del organismo, el kirchnerista Ricardo Echegaray.
Empresarios y políticos opositores también advierten sobre el acceso al mercado audiovisual de las empresas de servicios, en particular las telefónicas, ya que éstas tienen una posición por demás ventajosa frente a los actuales actores del negocio, que se verán forzados a resignar posiciones.
La médula del proyecto oficial surge de los famosos "21 puntos" que desde 2004 redactaron las organizaciones sociales que integraban la Coalición por una Radiodifusión Comunitaria.
Sin embargo, las empresas periodísticas vinculan el derrotero posterior de esa iniciativa con la conflictiva relación del Gobierno con la prensa, que incluyó ataques verbales a periodistas y medios y hasta algunos hechos de violencia directa.
Recuerdan, por caso, que la idea se conoció en mayo de 2008, como respuesta a las coberturas de los medios no adictos sobre temas como el escándalo Skanska, las valijas con dólares que introdujo ilegalmente al país el venezolano Guido Antonini Wilson y hasta el conflicto con el campo.
El proyecto se reactualizó luego de que el oficialismo perdiera las elecciones legislativas del pasado 28 de junio, con la pretensión de aprobarlo de apuro, antes del 10 de diciembre. Es decir, antes de perder la mayoría propia en el Congreso, cuando asuman los legisladores electos.

El reparto de la torta. El punto medular del proyecto oficial sostiene la necesidad de limitar la concentración de medios audiovisuales en pocas manos, para revertir el proceso inverso que se dio en la década de 1990, cuando las reformas a la ley N° 22.285 promovidas por la administración del entonces presidente Carlos Menem facilitaron la compra de medios audiovisuales por parte de grupos económicos, como Clarín, Telefónica (Telefé), Hadad (Radio 10) y Vila-Manzano (hoy Grupo Uno).
En esa línea van varios artículos que proponen impedir a los dueños de canales de aire ser al mismo tiempo propietarios de cable; poner límite a los cables para que no operen en más de 24 localidades e impedirles que tengan más del 35 por ciento del total nacional de abonados.
Del mismo modo, la iniciativa divide en tres partes iguales (para empresas, el propio Estado y organizaciones no gubernamentales) el reparto del espectro radioeléctrico, hoy mayoritariamente con orientación privada-comercial.
Desde lo cuantitativo, la norma en debate fija como tope que las empresas pueden tener hasta 10 licencias de radio y televisión (14 menos que el límite actual) y en ningún caso llegar a una audiencia nacional que supere el 35 por ciento del total de habitantes.

Sistema a medida. Ese enfoque es tachado de "intervencionista" por las empresas periodísticas, que acusan al Gobierno de perfilar un sistema de medios "a su medida".
Cuestionan, entre otras cosas, que las restricciones a la TV por cable no existen en ningún lugar del mundo (ya que ésta no hace uso del espectro radioeléctrico); que se potencia el sistema de medios públicos sin establecer ningún tipo de regulación sobre la pauta publicitaria estatal, y que la embestida contra medios privados abre la puerta para que sean comprados a precio vil por otras empresas, algunas quizá cercanas al actual poder político.
En este último punto, la desconfianza tiene nombre propio: las empresas telefónicas y su futuro desembarco en el espectro audiovisual, que hoy les está vedado por la legislación vigente.
Ese horizonte asoma a corto plazo, ya que –de aprobarse el proyecto– los actuales grupos mediáticos tendrán sólo un año para desprenderse de aquellas señales que les generen incompatibilidades. Además, estando obligados a vender, nadie imagina que lo puedan hacer a precios convenientes.
Grupos privados alegan que el proyecto favorece a monopolios de hecho y de derecho, como las cooperativas prestadoras de servicios de gas, agua o electricidad –hoy excluidas por conflicto de intereses–, que podrían dar servicios de cable aprovechando su envergadura económica y los subsidios cruzados, y controlar una fuente de información en su beneficio.

Autoridad de aplicación. Hoy es el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), a través de un interventor. El proyecto de nueva ley establece una autoridad federal integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos propuestos por una nueva comisión bicameral que, a su vez, controlaría el desempeño de la autoridad de aplicación. Está prevista la participación de segundas y terceras minorías parlamentarias. La oposición y los medios critican que el Gobierno tendrá margen para actuar con discrecionalidad.

Los grandes del negocio
Grupo Clarín. Posee cuatro canales de aire (13, de la ciudad de Buenos Aires; 12, de Córdoba; 7, de Bahía Blanca, y 6, de Bariloche), cinco radios (Mitre Buenos Aires, Mitre Córdoba, Mitre Mendoza, FM 100 y FM 100 Córdoba), cuatro señales de cable (TyC Sports, TN, Volver y Magazine) y dos distribuidoras de cable (Multicanal y Cablevisión), cuya fusión acaba de rechazar el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR).
Grupo Hadad. Además del canal C5N, posee Radio 10 y las FM La Mega, Pop, Vale y TKM.
Grupo Telefónica. Maneja nueve canales: Telefé, de la Capital Federal; 9, de Bahía Blanca; 8, de Mar del Plata; 5, de Rosario; 7, de Neuquén; 8, de Tucumán; 13, de Santa Fe; 11, de Salta, y 8, de Córdoba.
Grupo Vila-Manzano-De Narváez. Tiene un canal de cable (América 24) y cuatro de aire (6, de Mendoza; América TV; 7, de Mendoza, y 10, de Junín), además de la empresa de TV por cable Supercanal. Concentra 13 licencias de radio, siete de ellas AM (La Red; Gualeguaychú; Victoria; Nihuil; Rosario Difusión SA; Voces SA y Del Litoral) y el resto FM (Brava, Ayer, Latinos, Montecristo, Estación del Siglo y Meridiano).
Grupo Prisa. Nuclea a Radio Continental, de la Capital Federal, y a las FM 101.1, de Mar del Plata; 104.3; Los 40 Principales y 104.7, de Pinamar.
Cadena 3. Agrupa a la radio AM Córdoba (LV3) y un conglomerado de FM integrado por Radio 3 (106.9), 100.5, Popular, Cadena 3 Mendoza, 99.1 (Buenos Aires), 106.1 (Ushuaia), 99.5 (Bariloche), 106.1 (Río Gallegos), 90.7 (Río Cuarto), 100.1 (Neuquén), 102.5 (San Luis) y 98.5 (San Juan

Dudas sobre Canal Doce, Teleocho y Cadena 3
En la hipótesis de que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual sea aprobado tal como lo impulsa el Gobierno nacional, el mapa mediático de Córdoba registrará fuertes cambios en la titularidad de licencias, al punto que dos de los tres canales de aire de la ciudad de Córdoba podrían llegar a cambiar de dueños.
En el caso del Grupo Clarín, dado las limitaciones que regirían para ser licenciatario de servicios de aire y cable al mismo tiempo, la empresa podría verse obligada a optar –por ejemplo– entre quedarse con Canal Doce o con Cablevisión o Multicanal. También habría restricciones para emitir “en dúplex” entre emisoras AM y FM.
Por su parte, si –como se especula– el Grupo Telefé (Telefónica) aprovecha una eventual nueva ley para ofrecer a sus clientes triple play (Internet, telefonía y TV cable en un solo abono), en Córdoba debería desprenderse de Teleocho, para no caer en la incompatibilidad que prevé el proyecto en discusión en el Congreso.
También vería sustancialmente alterada su estructura Cadena 3, que cimenta su llegada nacional en una veintena de emisoras esparcidas por todo el país (una docena de licencias propias y acuerdos con estaciones locales), mientras que el proyecto de nueva ley fija un máximo de 10 emisoras por licenciatario.
El golpe mayor a este grupo estaría dado por la imposición de que la programación de las emisoras tenga un 70 por ciento de contenidos locales y la prohibición de emitir publicidad en las programaciones en red, lo que en la práctica anularía la mecánica con la que trabaja Cadena 3. En otros términos, debería volver a los viejos tiempos en que sólo era LV3.
“A nadie se le ocurriría que para que (el diario) La Nación circule en Córdoba tenga que tener 70 por ciento de noticias locales”, comparó Carlos Molina, director de Cadena 3 al cuestionar la redacción de la iniciativa oficial.
Fuente: (La Voz del Interior)

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MEDIOS
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ENERGY FM SATELITAL ya se consolido en el aire de Los Condores y del mundo ,ya que se registraron visitas desde Berlin,España,Israel,Alemania,China,Islas canarias,Estados Unidos,Francia,Turkia,canada Japon,Grecia, y desde latinomarica Brazil,Uruguay,Costa Rica,Argentina,Puerto Rico,honduras,Venezuela,Chile entre otros.
De esta forma un nuevo conbcepto de musica en radio
ya esta aqui desde Los Condores calamuchita Cordoba Argentina.Es la primera señal electronoca del valle de Calamuchita y la provincia de Cordoba.
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